Responsabilidad penal de las empresas por destrucción incorrecta de datos confidenciales

Delito / figura penal	Qué exige que ocurra	Penas o consecuencias posibles
Delito de destrucción de pruebas (arts. 413‑414 del Código Penal)	Cuando documentos que se deben conservar, por ejemplo para procedimientos legales o inspecciones, se destruyen, ocultan o sustraen sabiendo que pueden tener valor probatorio.	Puede ser multa, pena de prisión, responsabilidad penal para autoridades o personas con deber de custodia. Dependerá de si hay dolo, intencionalidad.
Delito informático (art. 264 y siguientes del CP)	Destruir, inutilizar, alterar datos, programas o documentos informáticos ajenos sin autorización. Si la destrucción causa un perjuicio grave, puede agravar la pena.	Prisión de 6 meses a 3 años en varios casos o multas, dependiendo del daño, medios empleados, intencionalidad.
Descubrimiento y revelación de secretos (art. 197 del CP)	Si los datos destruidos fueron accedidos ilegalmente antes, o su conocimiento previo implica alguna exposición indebida de información confidencial que luego se destruye intentando cubrir el rastro. También implicaciones si la destrucción se hace para ocultar acceso ilegal a datos.	Puede conllevar penas de prisión, multa, inhabilitación en función de la gravedad.
Responsabilidad penal de personas jurídicas	La empresa como entidad puede ser responsable si los delitos anteriores son cometidos en su beneficio, o por personal de la empresa, sin que se hayan adoptado medidas de control suficientes. Se exige cumplimiento de un programa de compliance efectivo. (Art. 31 bis CP)	Multas, clausura de establecimiento, prohibición de contratar con el sector público, otras penas accesorias.
Infracción administrativa grave o muy grave bajo RGPD / LOPDGDD	Aunque no sea un delito penal, la destrucción incorrecta de datos puede constituir vulneración normativa: incumplimiento de medidas de seguridad, conservación, supresión.	Sanciones económicas, que pueden llegar a hasta 20 millones de euros o un 4 % del volumen de negocio global anual en los casos más graves.

Factores que agravan la responsabilidad penal

Para que la destrucción de datos trascienda lo administrativo y se convierta en un riesgo penal, suelen intervenir varios factores:

• Intencionalidad o dolo: destruir datos sabiendo que hay obligación legal de conservarlos, o que puedan ser necesarios para procedimientos judiciales.

• Grado de negligencia: destrucción por ignorancia de obligaciones legales puede moderar, pero no exime totalmente.

• Tipo de datos: si son datos sensibles, datos de salud, datos penales, etc., el riesgo y la gravedad son mayores.

• Medios empleados: destrucción segura vs borrado superficial, respaldo incorrecto, evita rastros.

• Existencia de un programa de compliance: si la empresa tiene protocolos, políticas, auditorías, formación, etc., puede mitigar responsabilidad penal y administrativa.

• Una empresa destruye discos duros, archivos físicos o digitales sin hacer copia de seguridad, cuando una autoridad reguladora o judicial los había reclamado. Si se ha destruido evidencia, podría incurrir en delito de destrucción de pruebas.

• Un proveedor que maneja datos personales sensibles los destruye de forma incorrecta (por ejemplo, eliminándolos pero sin asegurarse de que sean irreversibles) y esos datos terminan siendo recuperados o accesibles. Aunque la intención no era maliciosa, la negligencia puede tener consecuencias.

• Un empleado de la empresa borra registros electrónicos para ocultar accesos no autorizados que previamente había ejecutado. Si luego la empresa no tiene un sistema que impida ese acceso, podría ser parte del delito de descubrimiento/revelación de secretos.

Responsabilidad penal de la empresa como persona jurídica

Desde la reforma del Código Penal (incluyendo el artículo 31 bis):

• La empresa puede responder penalmente por delitos cometidos por sus representantes, directivos o empleados, si han actuado en nombre o interés de la empresa.

• Para eximir o atenuar su responsabilidad, la empresa debe demostrar que tenía un modelo de prevención/compliance adecuado, que funcionaba, que fue supervisado y debidamente implantado.

• No basta con tener políticas en papel: importan los hechos, las auditorías, el control real.

Por qué contratar un servicio profesional de destrucción confidencial

Aquí es donde entra DCD:

• Un servicio especializado garantiza que la destrucción de documentos físicos y digitales se realice con estándares legales, procedimientos seguros y trazabilidad.

• Evita riesgos de destrucción incompleta, recuperación no autorizada, brecha de seguridad, sanción penal/admin.

• Permite demostrar, en caso de inspección o procedimiento judicial, que la empresa actuó con diligencia y responsabilidad.

• Mejora la reputación de la empresa, reduce el riesgo legal, y puede formar parte de su programa de cumplimiento.

Cómo elegir un buen servicio de destrucción confidencial

Al evaluar opciones como la de DCD, asegúrate de:

• Que la empresa tenga certificaciones de seguridad de la información.

• Garantías de trazabilidad: que puedas documentar cuándo, cómo y quién destruyó los datos.

• Acuerdos de confidencialidad, seguro de responsabilidad civil si algo falla.

• Que se ajuste a la normativa local (RGPD, LOPDGDD, normativa específica sectorial) y tenga cláusulas de cumplimiento penal si fuera necesario.

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Destruir incorrectamente los datos confidenciales no es una cuestión menor: puede llevar a responsabilidad penal, sanciones administrativas elevadas, pérdida de reputación y enormes costes indirectos.

Si tu empresa todavía no tiene asegurada una política eficaz de destrucción de datos, contratar un servicio profesional de destrucción confidencial, como el que ofrece DCD, es una inversión que puede evitar problemas legales muy graves. Contacta con nosotros hoy mismo y pide tu presupuesto.